lunes, 3 de septiembre de 2012

Ayudas al alquiler para pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva

El pasado 4 de agosto se publicó en el BOE el Real Decreto 1191/2012, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

A continuación vamos a detallar las novedades más importantes que recoge el citado RD.

Objeto de la norma:

El RD tiene por objeto establecer las normas necesarias para el reconocimiento, tramitación y pago del complemento anual de pensión previsto en el apartado IV.3 del anexo I.A del Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y en el artículo 47. Dos de la Ley 2/2012, de 29 d ejunio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, a favor de los titualares de pensión d ejubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir d eforma habitual en una vivienda alquilada como titular del contrato, siempre que el propietario de aquella no tenga con el pensionista relación conyugal o de parentesco hasta el trecer grado, ni constituida una unión estable y de convivencia con anáoga relación de afectividad a la conyugal.

Requisitos:

a) Tener reconocida un pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud y en la fecha de la resolución.

b) Carecer de una vivienda en propiedad.

c) Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda.

d) No tener con el arrendador de la vivienda relación conyugal o de parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado, no constituir con aquél una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal.

e)Tener fijada su residencia, como domicilio habitual en una vivienda alquilada. Se entenderá que es el domicilio habitual cuando la vigencia del contrato de arrendamiento no sea inferior a un año y el pensionista haya residido en la misma durante los 180 días inmediatamente anteriores.

Si en la misma vivienda alquilada conviven dos o más personas que tuvieran reconocida una pensión de la Segurida Social en su modalidad no contributiva, sólo tendrá derecho a este complemento aquél que sea el titular del contrato de arrendamiento o, de ser varios, el primero de ellos.

La tramitación del procedimiento para el reconocimiento de este complemento de pensión y la emisión y la emisión de la resolución corresponde a los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas.

Solicitud y plazo de presentación

El procedimiento para el reconocimiento del derecho al complemento se iniciará por el pensionista no contributivo o su representante legal a través de la presentación hasta el 31 de diciembre de una solicitud, que deberá dirigirse al órgano competente en función del domicilio del pensionista y que podrá descargarse a través de la Web del Imserso

Acreditación de los requisitos.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos que el pensionista debe reunir se efectuara por la declaración que éste realice y se justificará através de la siguiente documentación:

a) El requisito de carecer de vivienda en propiedad, se acreditará por certificado catastral telemático.

b) El requisito de ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda, se justificará mediante fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento en el que figure la localización de la vivienda, la identificación del arrendador y del arrendatario y la duración del contrato. En el caso de contratos de arrendamiento no formalizados por escrito la condición de arrendatario se acreditará por cualquier medio de prueba válido en derecho.

c) El requisito de residencia habitual en una vivienda alquilada se acreditará, preferentemente, con la información contenida en el respectivo padrón municipal.

d) El requisito de no tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco hasta el tercer grado ni constituir con aquél una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, se acreditará mediante la declaración responsable del pensionista en la que conste que el arrendador o arrendadores de la vivienda alquilada no tienen con él relación de parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado,, ni conyugal ni de unión estable y de convivencia.

El órgano competente recabará de oficio mediante consulta en los ficheros públicos disponibles los datos, documentos y certificaciones necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos y, en especial la certificación acreditativa de propiedades en La Oficina Virtual del Catastro y el certificado sobre domicilio de empadronamiento.

Resolución

Las resoluciones se dictarán y notificarán a las personas solicitantes en el plazo máximo de tres meses, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del organo competente para su tramitación.

Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

La resolución podrá ser objeto de reclamación previa a la vía jurisdiccional el orden social. Dicha reclamación previa se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución.

Cuantía del complemento

La cuantía del complemento para el año 2012, ascenderá a 525 euros anuales que se abonarán en un único pago que se hará efectivo antes del 31 de diciembre de 2012. En los casos en que no se haya podido abonar a la fecha indicada, este se hará efectivo, como máximo, dentro del primer semenstre siguiente a dicha fecha.








martes, 10 de abril de 2012

Plan Renove de Fachadas de la Comunidad de Madrid


Plazo de Solicitud: del 26 de diciembre de 2011 al 15 de octubre de 2012.

Los propietarios o comunidades de propietarios de los inmuebrles se pueden beneficiar de ayudas que, oscilan entre el 22 y el 35% de su coste total, con un máximo de 20.000 euros por vivienda o 300.000 euros por edificio. Para recibirlas tan sólo hay que contratar las obras con un instalador adherido al Plan Renove de Fachadas y miembro de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes de España (ANDIMAT).El instalador será el encargado de solicitar las ayudas, hasta octubre de 2012, que descontará al ciudadano del importe total de la factura.


Requisitos 
  •  
    1. Cualquier persona propietaria o en régimen de alquiler de una vivienda ubicada en la Comunidad de Madrid que desee incorporar aislamiento en la parte ciega de la fachada incorporando aislamiento térmico en la parte exterior de la fachada, o bien inyectando aislamiento en la cámara de aire del cerramiento, si esta posee una cámara de aire.

    2. Que el material de aislamiento posea un valor de resistencia térmica (RT) mayor o igual a lo indicado:

    Cuantía de la AyudaNiveles de aislamiento: resistencia térmica mínima del aislamiento térmico (m2.KW)
     Máxima de un 22% Mayor o igual a 1.5
     Máxima de un 35% Mayor o igual a 4

    3. Que el material de aislamiento se encuentre en la base de datos de materiales de aislamiento del Plan Renove de la Comunidad de Madrid.

    4. Que las fachadas en los que se lleven a cabo las rehabilitaciones formen parte de los cerramientos exteriores de una vivienda o edificio de viviendas, no siendo subvencionables los cerramientos opacos que se instalen con la finalidad de cubrir ambientes exteriores (terrazas, tendederos, etc.)

    Para más información pinche aquí
    Acceda a la guía de de Rehabilitación de Fachadas pinchando aquí

miércoles, 4 de abril de 2012

¿Puedo instalar mi antena parabólica en la azotea de la comunidad?

La respuesta es sí. Y el fundamento jurídico lo encontramos en la Ley de Propiedad Horizontal y en el Real Decreto-Ley 1/1998 ,de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en lo edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

Por su parte, el artículo 17, 2ª de la LPH establece un régimen especial de mayorías para la instalación o adaptación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados en el Real Decreto-Ley 1/1998. Dicha instalación o adaptación de la existente podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.

El coste de dicha instalación o adaptación, así como los derivados de su conservación y mantenimiento, no podrán ser repercutidos sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. Si, con posterioridad dichos propietarios (los que no votaron a favor) solicitasen el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y ello requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexistentes, podrá autorizárselas siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal. Sin perjuicio de lo dicho para los gastos de conservación o mantenimiento la instalación de telecomunicaciones tendrá la consideración, a los efectos de las LPH, de elemento común.

Hasta aquí la normativa dada por la LPH al respecto de la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicación que, como hemos visto, articula un régimen de mayorías más benévolo (1/3) que para el resto de los acuerdos. Pero, ¿Qué ocurre si un propietario quiere instalar una antena para la recepción de un determinado canal cuya recepción no es posible a través de la instalación común?

En este caso habremos de estar a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 1/1998 el cual,  establece la siguiente regulación:
  • Los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 1.2, a través de la instalación común realizada con arreglo a este Real Decreto-ley, si técnicamente resultase posible su adaptación, o a través de sistemas individuales. Igualmente, cualquier copropietario de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, cualquier arrendatario de todo o parte de un edificio tendrán derecho, a su costa y en caso de que no exista una infraestructura común en el mismo, a instalar ésta. También podrán realizar la adaptación de la infraestructura ya existente en el edificio a lo establecido en el artículo 1.2 de este Real Decreto-ley. Para llevar a cabo lo previsto en este artículo, los copropietarios o los arrendatarios podrán aprovecharse no sólo de los elementos privativos, sino también de los comunes de los inmuebles, siempre que no menoscaben la infraestructura que existiere en los edificios y no interfieran ni modifiquen las señales correspondientes a servicios que previamente hubiesen contratado otros usuarios
  • En los supuestos establecidos en el anterior apartado, cuando el propietario de un piso o local, o, en su caso, un arrendatario, desee recibir la prestación de un servicio de telecomunicación al que pudiera accederse a través de una infraestructura determinada, deberá comunicarlo al presidente de la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, antes de iniciar cualquier obra con dicha finalidad. El presidente de la comunidad de propietarios o el propietario deberán contestarle antes de quince días desde que la comunicación se produzca, aplicándose, según proceda, las siguientes reglas:

    1. En caso de que exista ya en el edificio esa infraestructura o, antes de que transcurran tres meses desde que la comunicación se produzca, se fuese a adaptar la existente o a instalar una nueva con la finalidad de permitir el acceso a los servicios en cuestión, no podrá llevarse a acabo obra alguna por el copropietario o por el arrendatario.

    2. En el supuesto de que no existiese la infraestructura, no fuese hábil para la prestación del servicio al que desean acceder el copropietario o el arrendatario o no se instalase una nueva ni se adaptase la preexistente en el referido plazo de tres meses, el comunicante podrá realizar la obra que le permita la recepción de los servicios de telecomunicaciones correspondientes. Si cualquier otro copropietario o arrendatario solicitase, con posterioridad, beneficiarse de la instalación de las nuevas infraestructuras comunes o de la adaptación de las preexistentes que se llevasen a cabo al amparo de este artículo, se les podrá autorizar, siempre que cumplan lo previsto en el segundo inciso del artículo 4.2.

martes, 3 de abril de 2012

ITE OBLIGATORIA A PARTIR DEL 7 DE JULIO DE 2012

El Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, regula en su capítulo IV nuevas medidas dirigidas a impulsar las actuaciones de rehabilitación.

Artículo 21. Obligatoriedad de la inspección técnica de edificios.
1. Los edificios con una antigüedad superior a 50 años, salvo que las Comunidades Autónomas fijen distinta antigüedad en su normativa, destinados preferentemente a uso residencial situados en los municipios señalados en la disposición adicional tercera, deberán ser objeto, en función de su antigüedad, de una inspección técnica periódica que asegure su buen estado y debida conservación, y que cumpla, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Evaluar la adecuación de estos inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato.
b) Determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto.
2. Las actuaciones contenidas en este artículo se aplicarán en la forma, plazos y condiciones que regulen las Comunidades Autónomas. Los Municipios podrán establecer sus propias actuaciones en el marco de los mínimos estatales y autonómicos.
3. Las inspecciones realizadas por encargo de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderán su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes.

Artículo 22. Efectos de la inspección.

Cuando de la inspección realizada resulten deficiencias, la eficacia del documento acreditativo de la misma, a los efectos de justificar el cumplimiento del deber legal de conservación a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Suelo, quedará condicionada a la certificación de la realización efectiva de las obras y los trabajos de conservación requeridos para mantener el inmueble en el estado legalmente exigible, y en el tiempo señalado al efecto.
Disposición adicional tercera. Aplicación de la inspección técnica de edificios obligatoria.
Las determinaciones contenidas en este Real Decreto-ley relativas a la inspección técnica de edificios sólo serán aplicables en los municipios con población superior a veinticinco mil habitantes salvo que las Comunidades Autónomas fijen otros estándares poblacionales y en aquéllos que las Administraciones incluyan en las áreas o los entornos metropolitanos que delimiten.
Las Comunidades Autónomas, cuando las circunstancias lo aconsejen, podrán disponer la aplicación de las determinaciones relativas a la inspección técnica de edificios a municipios no comprendidos en el apartado anterior, y en dicho caso, establecer excepciones del cumplimiento de la misma a determinados edificios según su tipología o su uso predominante.
Disposición transitoria segunda. Calendario para las inspecciones técnicas.
Antes de la entrada en vigor de lo dispuesto en este Real Decreto-ley sobre la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios, las Administraciones Públicas competentes podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, un calendario de fechas hasta el año 2015 para la progresiva realización ordenada de la inspección técnica de edificios en función de su antigüedad. En dicho año, deberán haberse sometido a dicha inspección todos los edificios con una antigüedad superior a 50 años a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley en todos los Municipios a que se refiere la Disposición adicional tercera y en los términos establecidos en la misma.
El mencionado Real Decreto-ley entró en vigor el mismo día de su publicación, 7 de julio de 2011, excepto su artículo 21, que entrará en vigor el próximo 7 de julio de 2012.  


lunes, 26 de marzo de 2012

Personas con discapacidad

La Ley 26/2001, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, en su articulo 15, introduce una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal cuyo contenido exponemos a continuación:

Artículo 15. Modificación de la Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 

Uno. Se modifica el apartado 2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, que queda redactado del siguiente modo:


"2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.


Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando la unidad familiar a la que pertenezca alguno de los propietarios que forman parte de la comunidad tenga ingresos anuales inferiores a 2’5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento de sus ingresos anuales."

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, que queda redactado del siguiente modo:

"3. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes"

Dos son, pues la principales novedades de la modificación de la LPH:

1.- Amplía el período de mensualidades ordinarias a tener en cuenta para que la comunidad venga obligada a la realización de obras encaminadas a suprimir barreras arquitectónicas, que pasa de tres a doce. Es decir, si el importe de la obra a ejecutar no supera el montante de 12 cuotas ordinarias (por propietario) la comunidad vendrá obligada a ejecutarla sin necesidad de acuerdo. Si el importe de la obra supera dicho montante será necesario acuerdo al respecto.

2.- Introduce una excepción. Si la unidad familiar a la que pertenezca alguno de los propietarios tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) quedará exenta de dicho pago, salvo que las subvenciones o ayudas publicas a que la citada unidad familiar pueda tener acceso impidan que la repercusión de las obras que le afecten , privativas o en los elementos comunes, supere el 33% de sus ingresos anuales.

domingo, 25 de marzo de 2012

Pisos Frescos, Juntas Calientes.

Un año más se acerca el verano y con él la polémica sobre instalación de aparatos de aire acondicionado en nuestras comunidades. Es cierto que condensadores y evaporadores ya se han convertido en elementos habituales en nuestro paisaje urbano, pero ¿Cumple su instalación con la normativa municipal?, ¿Se habrán cumplido las prescripciones de la Ley de Propiedad Horizontal en todos los casos?, ¿Puede la comunidad de propietarios autorizar instalaciones contrarias a las Ordenanzas municipales? y, al contrario ¿Puede invocarse la obtención de la licencia municipal para proceder a la ejecución de la instalación sin autorización o contraviniendo los acuerdos comunitarios sobre la materia?. Quien más quien menos sabrá que nos encontramos ante uno de los temas estrella de las Juntas vecinales, causante de no pocos conflictos entre propietarios y generador per se de una abundante y no siempre pacífica jurisprudencia al respecto. Para hacernos una idea,  mencionar, que en el período 2002-2011 han sido 1.151 las sentencias dictadas por nuestras Audiencias Provinciales en relación con el tema que nos ocupa y 39 las del Tribunal Supremo, desde 1970. Con este panorama, desde OFFICIUM ADMINISTRADORES, creemos que se hace necesario un planteamiento de conjunto sobre el particular, que venga a esclarecer la situación, dotando a los propietarios y a las comunidades de un arma útil a la hora de conocer y defender sus derechos. Y esta es, nada más y nada menos,  la finalidad fundamental de este breve estudio.

Acceda a nuestro estudio en la sección MONOGRAFÍAS o pinchando aquí