martes, 10 de abril de 2012

Plan Renove de Fachadas de la Comunidad de Madrid


Plazo de Solicitud: del 26 de diciembre de 2011 al 15 de octubre de 2012.

Los propietarios o comunidades de propietarios de los inmuebrles se pueden beneficiar de ayudas que, oscilan entre el 22 y el 35% de su coste total, con un máximo de 20.000 euros por vivienda o 300.000 euros por edificio. Para recibirlas tan sólo hay que contratar las obras con un instalador adherido al Plan Renove de Fachadas y miembro de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes de España (ANDIMAT).El instalador será el encargado de solicitar las ayudas, hasta octubre de 2012, que descontará al ciudadano del importe total de la factura.


Requisitos 
  •  
    1. Cualquier persona propietaria o en régimen de alquiler de una vivienda ubicada en la Comunidad de Madrid que desee incorporar aislamiento en la parte ciega de la fachada incorporando aislamiento térmico en la parte exterior de la fachada, o bien inyectando aislamiento en la cámara de aire del cerramiento, si esta posee una cámara de aire.

    2. Que el material de aislamiento posea un valor de resistencia térmica (RT) mayor o igual a lo indicado:

    Cuantía de la AyudaNiveles de aislamiento: resistencia térmica mínima del aislamiento térmico (m2.KW)
     Máxima de un 22% Mayor o igual a 1.5
     Máxima de un 35% Mayor o igual a 4

    3. Que el material de aislamiento se encuentre en la base de datos de materiales de aislamiento del Plan Renove de la Comunidad de Madrid.

    4. Que las fachadas en los que se lleven a cabo las rehabilitaciones formen parte de los cerramientos exteriores de una vivienda o edificio de viviendas, no siendo subvencionables los cerramientos opacos que se instalen con la finalidad de cubrir ambientes exteriores (terrazas, tendederos, etc.)

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miércoles, 4 de abril de 2012

¿Puedo instalar mi antena parabólica en la azotea de la comunidad?

La respuesta es sí. Y el fundamento jurídico lo encontramos en la Ley de Propiedad Horizontal y en el Real Decreto-Ley 1/1998 ,de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en lo edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

Por su parte, el artículo 17, 2ª de la LPH establece un régimen especial de mayorías para la instalación o adaptación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados en el Real Decreto-Ley 1/1998. Dicha instalación o adaptación de la existente podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.

El coste de dicha instalación o adaptación, así como los derivados de su conservación y mantenimiento, no podrán ser repercutidos sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. Si, con posterioridad dichos propietarios (los que no votaron a favor) solicitasen el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y ello requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexistentes, podrá autorizárselas siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal. Sin perjuicio de lo dicho para los gastos de conservación o mantenimiento la instalación de telecomunicaciones tendrá la consideración, a los efectos de las LPH, de elemento común.

Hasta aquí la normativa dada por la LPH al respecto de la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicación que, como hemos visto, articula un régimen de mayorías más benévolo (1/3) que para el resto de los acuerdos. Pero, ¿Qué ocurre si un propietario quiere instalar una antena para la recepción de un determinado canal cuya recepción no es posible a través de la instalación común?

En este caso habremos de estar a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 1/1998 el cual,  establece la siguiente regulación:
  • Los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 1.2, a través de la instalación común realizada con arreglo a este Real Decreto-ley, si técnicamente resultase posible su adaptación, o a través de sistemas individuales. Igualmente, cualquier copropietario de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, cualquier arrendatario de todo o parte de un edificio tendrán derecho, a su costa y en caso de que no exista una infraestructura común en el mismo, a instalar ésta. También podrán realizar la adaptación de la infraestructura ya existente en el edificio a lo establecido en el artículo 1.2 de este Real Decreto-ley. Para llevar a cabo lo previsto en este artículo, los copropietarios o los arrendatarios podrán aprovecharse no sólo de los elementos privativos, sino también de los comunes de los inmuebles, siempre que no menoscaben la infraestructura que existiere en los edificios y no interfieran ni modifiquen las señales correspondientes a servicios que previamente hubiesen contratado otros usuarios
  • En los supuestos establecidos en el anterior apartado, cuando el propietario de un piso o local, o, en su caso, un arrendatario, desee recibir la prestación de un servicio de telecomunicación al que pudiera accederse a través de una infraestructura determinada, deberá comunicarlo al presidente de la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, antes de iniciar cualquier obra con dicha finalidad. El presidente de la comunidad de propietarios o el propietario deberán contestarle antes de quince días desde que la comunicación se produzca, aplicándose, según proceda, las siguientes reglas:

    1. En caso de que exista ya en el edificio esa infraestructura o, antes de que transcurran tres meses desde que la comunicación se produzca, se fuese a adaptar la existente o a instalar una nueva con la finalidad de permitir el acceso a los servicios en cuestión, no podrá llevarse a acabo obra alguna por el copropietario o por el arrendatario.

    2. En el supuesto de que no existiese la infraestructura, no fuese hábil para la prestación del servicio al que desean acceder el copropietario o el arrendatario o no se instalase una nueva ni se adaptase la preexistente en el referido plazo de tres meses, el comunicante podrá realizar la obra que le permita la recepción de los servicios de telecomunicaciones correspondientes. Si cualquier otro copropietario o arrendatario solicitase, con posterioridad, beneficiarse de la instalación de las nuevas infraestructuras comunes o de la adaptación de las preexistentes que se llevasen a cabo al amparo de este artículo, se les podrá autorizar, siempre que cumplan lo previsto en el segundo inciso del artículo 4.2.

martes, 3 de abril de 2012

ITE OBLIGATORIA A PARTIR DEL 7 DE JULIO DE 2012

El Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, regula en su capítulo IV nuevas medidas dirigidas a impulsar las actuaciones de rehabilitación.

Artículo 21. Obligatoriedad de la inspección técnica de edificios.
1. Los edificios con una antigüedad superior a 50 años, salvo que las Comunidades Autónomas fijen distinta antigüedad en su normativa, destinados preferentemente a uso residencial situados en los municipios señalados en la disposición adicional tercera, deberán ser objeto, en función de su antigüedad, de una inspección técnica periódica que asegure su buen estado y debida conservación, y que cumpla, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Evaluar la adecuación de estos inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato.
b) Determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto.
2. Las actuaciones contenidas en este artículo se aplicarán en la forma, plazos y condiciones que regulen las Comunidades Autónomas. Los Municipios podrán establecer sus propias actuaciones en el marco de los mínimos estatales y autonómicos.
3. Las inspecciones realizadas por encargo de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderán su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes.

Artículo 22. Efectos de la inspección.

Cuando de la inspección realizada resulten deficiencias, la eficacia del documento acreditativo de la misma, a los efectos de justificar el cumplimiento del deber legal de conservación a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Suelo, quedará condicionada a la certificación de la realización efectiva de las obras y los trabajos de conservación requeridos para mantener el inmueble en el estado legalmente exigible, y en el tiempo señalado al efecto.
Disposición adicional tercera. Aplicación de la inspección técnica de edificios obligatoria.
Las determinaciones contenidas en este Real Decreto-ley relativas a la inspección técnica de edificios sólo serán aplicables en los municipios con población superior a veinticinco mil habitantes salvo que las Comunidades Autónomas fijen otros estándares poblacionales y en aquéllos que las Administraciones incluyan en las áreas o los entornos metropolitanos que delimiten.
Las Comunidades Autónomas, cuando las circunstancias lo aconsejen, podrán disponer la aplicación de las determinaciones relativas a la inspección técnica de edificios a municipios no comprendidos en el apartado anterior, y en dicho caso, establecer excepciones del cumplimiento de la misma a determinados edificios según su tipología o su uso predominante.
Disposición transitoria segunda. Calendario para las inspecciones técnicas.
Antes de la entrada en vigor de lo dispuesto en este Real Decreto-ley sobre la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios, las Administraciones Públicas competentes podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, un calendario de fechas hasta el año 2015 para la progresiva realización ordenada de la inspección técnica de edificios en función de su antigüedad. En dicho año, deberán haberse sometido a dicha inspección todos los edificios con una antigüedad superior a 50 años a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley en todos los Municipios a que se refiere la Disposición adicional tercera y en los términos establecidos en la misma.
El mencionado Real Decreto-ley entró en vigor el mismo día de su publicación, 7 de julio de 2011, excepto su artículo 21, que entrará en vigor el próximo 7 de julio de 2012.